En el día de ayer tuvo lugar la Asamblea General de la Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (CADO). Las circunstancias han obligado a la celebración telemática de esta importante cita, si bien esto no ha impedido una alta participación de los representantes de los consejos reguladores andaluces.
Entre ellos las principales indicaciones de calidad de aceites de oliva virgen extra, vinos, vinagres, bebidas espirituosas, jamón, conservas de pescado, frutas y hortalizas, aceitunas, miel y productos de repostería. A lo largo de la Asamblea se repasaron los principales asuntos de interés para las indicaciones de calidad de los productos agroalimentarios de nuestra Comunidad Autónoma, si bien en esta ocasión la actualidad de la crisis provocada por la pandemia ha presidido el contenido de los debates.
Las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 han tenido una incidencia particularmente grave en algunos sectores agroalimentarios andaluces, especialmente en aquellos con una importante implantación en el sector de la hostelería. Ello ha afectado directamente a la sostenibilidad de los consejos reguladores y de los propios esquemas de calidad. Aún así, en opinión de César Saldaña, Presidente de la CADO, “es fundamental que todos, incluida la Administración, sigamos apostando por el valor añadido que representan las DOPs e lGPs, auténticas banderas de la calidad agroalimentaria andaluza en todo el mundo y que suponen fuentes de generación de riqueza vinculadas indisolublemente a los respectivos territorios”.
La Asamblea ha contado además con la participación de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Doña Carmen Crespo, por lo que los representantes de los consejos reguladores andaluces han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las políticas y planes de actuación de la Administración autonómica, así como de hacerle llegar sus reivindicaciones y
propuestas para proteger e impulsar el importantísimo activo que representan para Andalucía sus Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. En este sentido, la CADO ha reclamado una mayor presencia de las indicaciones de calidad en las políticas de la Junta de Andalucía, priorizando de forma decidida a aquellos productores que apuestan por la certificación de
la calidad diferenciada, asumiendo los costes adicionales que ello conlleva, en aras de todo lo que significan las DOPs e lGPs: calidad, tradición, seguridad alimentaria y sostenibilidad.
La Consejera ha recordado que Andalucía es una de las regiones de Europa con más cantidad de figuras de calidad. “No sólo es necesario reconocer el alto valor económico de estas denominaciones, que asciende a cerca de 460 millones de euros, sino el papel vertebrador que cumplen en nuestro territorio”, ha señalado. La titular de Agricultura ha incidido también en que la importancia de las figuras de calidad debe reflejarse en la nueva Política Agraria Común (PAC) y ha valorado la apuesta por el sabor, la salud y la sostenibilidad. En relación al grave perjuicio ocasionado por el cierre de la hostelería como consecuencia de la pandemia, la Consejera ha puesto en valor los esfuerzos de la Junta de Andalucía para activar nuevas ayudas excepcionales y específicas a sectores especialmente afectados por el COVID, como ya ocurrió el pasado año.
Por último, a lo largo de la Asamblea la CADO, los representantes de las DOP e IGPs andaluzas dejaron clara su oposición total a la pretendida creación de la Indicación Geográfica Protegida “Jamón Serrano”, destacando la absoluta necesidad de que las indicaciones de calidad diferenciada de base geográfica estén asociadas a territorios concretos y a las singularidades que estos confieren a los productos.
La Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e indicaciones Geográficas Protegidas (CADO) es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a los consejos reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas existentes en Andalucía. Sus objetivos son la representación y defensa de los intereses colectivos de los órganos de gestión de las 45 indicaciones de calidad reconocidas en nuestra Comunidad Autónoma, colaborando con la Administración en el fomento de la calidad diferenciada en el ámbito agroalimentario andaluz.
